sábado, 16 de octubre de 2010

Amar y decidir, con libertad de conciencia y seguridad humana

  • ¿Qué es la libertad cuando están en juego concepciones sobre la vida? ¿O la vida misma? Para los dogmas ni el perdón, ni la justicia, ni la paz, son del reino de este mundo.


Nadie está a favor del aborto, nadie pretende promoverlo, la discusión es si abortar debe seguir siendo perseguido penalmente. Despenalizar no obliga a nadie a abortar. En cambio, permite que todos aquellos quienes se oponen al aborto busquen disuadir de practicarlo a las mujeres que pretendan hacerlo. Penalizar impone a las mujeres la disyuntiva entre tener un hijo o ir a la cárcel por evitar tenerlo.

Existe un claro consenso en que la situación que lleva a una mujer a considerar la necesidad de abortar es extrema. Ninguna mujer lo hará por gusto ni exenta de secuelas emocionales e incluso físicas. Abortar es de por si una situación traumática, totalmente indeseable para cualquier mujer. Penalizar agrega a esas secuelas, para las mujeres que se han visto en la necesidad de interrumpir un embarazo, la angustia de ser criminalizadas.

Hay mujeres a quienes sus convicciones éticas y religiosas les impiden siquiera considerar la posibilidad de abortar, y aún así algunas de ellas no encuentran más alternativa que hacerlo. ¿Son asesinas? ¿son blasfemas? Al cargo moral y de conciencia que sus convicciones personales les imponen ¿debe agregar el Estado considerarlas delincuentes?

Por otra parte, hay mujeres para quienes la religión no es el parámetro de valoración. Aún así, enfrentan el dilema ético. Si bien la religión no es para ellas el obstáculo, sí enfrentan la disyuntiva de no poder optar por tener un hijo. ¿Debe tener una mujer un hijo aunque no lo desea? ¿A costa de no poder cuidarlo y atenderlo lo mejor que ella quisiera? ¿A costa de considerarlo posiblemente resultado de una desgracia y más aún, causa de otras? Está documentado que los hijos no deseados son por lo general víctimas de abandono, negligencia, maltrato, abusos y que esto acarrea secuelas nocivas en la personalidad. ¿La mujer que no quiere colocar a un hijo en esa situación, debe ser considerada además una criminal?

La vida es sagrada. Por ello hay mujeres que deciden, de manera personal, con todo el cargo de conciencia, todo el dolor e incalculable margen de error que tal decisión implica, que es mejor evitarle una vida de privaciones y sufrimientos a un nuevo ser. ¿Esto es un mal absoluto? ¿Es el mal menor? ¿Ese es el crimen que se debe castigar? Esa es una decisión de cada mujer en su situación concreta y en su conciencia; no de gobernantes, ni de jueces, ni de legisladores, ni de profesionales de la salud, ni de religiosos.

Pero hay otra razón de fondo. Mantener la penalización del aborto no previene ni impide su práctica. Son contados los casos de denuncias por aborto, y es un hecho que miles de mujeres humildes que han decidido practicarlo quedan a merced de carniceros que lo realizan en condiciones simplemente deplorables. En cambio, quienes cuentan con recursos para pagarlo en condiciones óptimas, incluso trasladándose a países donde no corren peligro de ser perseguidas penalmente, jamás serán castigadas por hacerlo. Penalizar el aborto lo único que hace es penalizar la pobreza.

La discusión que se promueve desde la derecha es una discusión moral y teológica, aunque alegue “datos científicos” sobre la existencia de vida desde la concepción. Se antepone a la vida concreta y en acto, la supuesta defensa de la vida potencial.

La situación que enfrentan las mujeres al no tener la opción de abortar puede sintetizarse así:

  • Aunque acuden al aborto como un último recurso desesperado, hay que castigarlas como delincuentes, sin importar que de por sí la situación para ellas es insoportable.
  • Aunque las únicas que corren el riesgo de ser denunciadas y castigadas aquellas de condición humilde, hay que mantener la causa penal, por inmorales, por asesinas, pero sobre todo, por ser pobres.
  • Aunque ni ellas ni en general una parte importante de la sociedad no compartan ciertos valores morales y religiosos, hay que imponérselos como dogmas a todas y a todos.
  • Aunque las mujeres tengan libre albedrío y conciencia, algo que dicho sea de paso, es un principio fundamental de la tradición judeo-cristiana en la que se inscribe nuestra nación, hay que tratarlas como incapaces de decidir sobre su conducta.

En México se pugna por mantener un absoluto respeto hacia las convicciones religiosas que se mantienen en el ámbito de lo personal, de lo privado. Desde la Reforma, en México lo de Dios quedó separado del poder terrenal. El poder público busca el bienestar general, más allá de convicciones morales y religiosas. Lo que para una religión, para una perspectiva trascendental, es un pecado, no tiene porque ser crimen para el poder temporal.

En nuestro Estado laico cada quien tiene el derecho de creer y predicar respetuosamente lo que quiera. Las iglesias, las creencias religiosas tienen a su vez todo el poder y el derecho de excomulgar y estigmatizar a quienes entre la grey no se sujeten a sus normas. Esto no autoriza a ninguna confesión a incurrir en la violencia, la alteración del orden, o la pretensión de que su ley debe ser impuesta a toda la colectividad.

En esta perspectiva, la religión se asume como un recurso para la conciencia individual, para la salvación del alma, para el perdón y la atención de los desvalidos. La tradición cristiana ha predicado por más de dos mil años el amor, la comprensión, el perdón, el amor al prójimo, la conciliación. Ante el dilema de miles de mujeres, una posición confesional o moralista que exige la penalización no es una posición que defienda la vida. Es una posición que predica el odio, particularmente el odio contra las mujeres que no se someten a una concepción particular de su papel en el mundo.

Tenemos la responsabilidad de luchar por mejores condiciones de vida, de educación y de salud tales que el aborto por razones socioeconómicas sea innecesario. Mientras tanto, el bienestar, la seguridad, la salud, la vida de miles de mujeres va de por medio si cuentan con la posibilidad de interrumpir en condiciones dignas un embarazo no previsto, no deseado.

La alternativa es la simulación y la hipocresía que esas mujeres afrontan hoy. Penalizar el aborto condena a miles de mujeres a verse obligadas a pagar sumas onerosas a un mercenario, a un improvisado, con el riesgo de secuelas físicas muy graves y atravesando una experiencia inevitablemente traumática. Podemos erradicar el descalabro económico para las mujeres humildes y aminorar el sufrimiento físico. Podemos procurar atención y orientación psicológica. El asunto de conciencia es de los individuos, no de la ley ni del Estado.

Ninguna mujer debería abortar, y la responsabilidad como ciudadanos nos compromete a luchar por la generación de las condiciones para que esto sea posible. Mientras tanto, pretender mantener al aborto como causa penal es agregar horror y sufrimiento a una situación de por sí insoportable para las mujeres.

Es ocioso pretender que quienes asumen la penalización del aborto como dogma acepten estas razones. Lo que importa es asumir una posición que defienda los derechos, la dignidad, la libertad y el bienestar de mujeres y hombres por igual.